STAJ reclama al
Ministerio negociación y participación de los representantes de los
funcionarios en el diseño de las reformas previstas.
·
Exigimos
equiparación salarial y desarrollo bases carrera profesional, modificación
régimen sustituciones y recuperación reserva 50% promoción interna.
Hoy se ha celebrado por videoconferencia nueva reunión entre el Ministerio
de Justicia y las Organizaciones sindicales representativas (STAJ, CSIF,
CCOO, UGT, CIG y ELA), en la que el Ministerio ha presentado a los sindicatos
los proyectos que van a ponerse en marcha en los próximos meses, acelerados
algunos de ellos como consecuencia del estado de alarma y la necesidad de
acometer reformas que supongan una agilización real de la Administración de
Justicia y una reducción del volumen de asuntos existentes y el incremento
previsto por efecto de la pandemia.
Estos proyectos se desarrollan en cuatro grandes bloques: Justicia digital,
Reforma procesal para la implantación de medidas de justicia digital y
sostenible, Justicia 2030, así como la instauración de un modelo de gobernanza
y “justicia orientada al dato”.
Se pretende el pleno desarrollo de la justicia digital, con fuerte
inversión en medios tecnológicos, con implantación de vistas telemáticas,
atención al ciudadano mediante videoconferencia, acceso de profesionales y
ciudadanos a sus expedientes judiciales a través de portal Web, implantación de
la cita previa telefónica, etc.
También se van a acometer reformas procesales que agilicen los
procedimientos judiciales, sobre todo en el orden civil, social y
contencioso-administrativo, simplificando trámites, y permitiendo la
realización de algunos de ellos desde cualquier lugar sin necesidad de
desplazamiento de los ciudadanos a la sede judicial, potenciando igualmente el
“teletrabajo”. También se buscará una disminución de la litigiosidad mediante
mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, que podrán ser obligatorios
en determinados supuestos.
En materia organizativa y programa “Justicia 2030”, el Ministerio
apuesta decididamente por la instauración de los tribunales de instancia, pero
sin desaparición de los actuales partidos judiciales e instaurando además lo
que denomina “oficinas municipales de justicia”, si bien no concreta cuáles
serán sus funciones ni si sustituirán o no a los actuales Juzgados de Paz. En
palabras del Ministerio, se trata de acercar la justicia al ciudadano y no de
alejarla.
En materia de “gobernanza”, el Ministerio quiere mantener la
experiencia adquirida durante el estado de alarma, de coordinación con las CCAA
con competencias, CGPJ y Fiscalía General de Estado, asegurando que se contará
con la participación de otros colectivos implicados en la Administración de
Justicia, así como con las organizaciones sindicales. Junto a ello, el
Ministerio apuesta por lo que denomina “Justicia orientada al dato”, de modo
que las Administraciones competentes puedan contar con información suficiente y
en tiempo real para poder tomar las mejores decisiones en materia organizativa,
entre otras, información que también estará disponible para los agentes
sociales.
Desde STAJ hemos acogido con escepticismo estos proyectos, si bien
celebramos que el Ministerio apueste por la modernización de la justicia, su
digitalización, y por acometer medidas que supongan agilización de trámites y
alivio de la sobrecarga de trabajo que padecen la inmensa mayoría de órganos
judiciales.
En cuanto a las reformas en materia organizativa, hemos dejado claro que
cualquier reforma en la materia debe partir de la garantía de respeto a los
derechos y retribuciones de los funcionarios, ha de permitir la diferenciación
y especialización de los puestos de trabajo y la libre elección de los mismos
por parte de todo el personal, es decir, la movilidad voluntaria,
exclusivamente, y huir de cualquier tipo de imposición o limitación en este
sentido, mostrando además nuestra oposición a la desaparición de puestos de los
puestos de trabajo actuales. En este sentido, el Ministerio se ha mostrado
conforme en buscar el consenso y establecer un marco de negociación que incluya
estos aspectos.
En materia de Registro Civil, hemos reiterado nuestra posición de
mantenimiento de la actual estructura y servicio enteramente por funcionarios
de la Administración de Justicia, algo compartido, en principio, por el
Ministerio.
Sobre la solución extrajudicial de conflictos, desde STAJ reclamamos
que no suponga una suerte de privatización encubierta de la Justicia, algo que
el Ministerio asegura que no se producirá. Al mismo tiempo, hemos recordado las
funciones previstas en la LOPJ para los Cuerpos de Gestión y Tramitación en
materia de mediación, de ahí que apostemos por la mediación intrajudicial.
Por lo que respecta a las nuevas tecnologías, desde STAJ hemos
exigido la obligatoriedad de su uso para todos y no solo para los funcionarios,
y en cuanto al teletrabajo, hemos reclamado también que sea la Administración
la que dote de los medios necesarios, todo ello dentro del marco de una
negociación que debe producirse ya y en todo caso tan pronto desde el
Ministerio de Trabajo se establezcan las pautas generales de aplicación para
todos los trabajadores.
Por lo que respecta a la coordinación con las CCAA, CGPJ y FGE, y la
posible participación de las organizaciones sindicales, hemos exigido que se
garantice esta participación, además de resaltar que sería un grave error
ignorar a los representantes del colectivo más numeroso que presta sus servicios
en la Administración de Justicia, que son además los mejores y mayores
conocedores de los problemas del día a día de los juzgados y tribunales, además
de constituir un personal altamente cualificado y con elevados conocimientos
procesales, que se demuestran cada día. Desde STAJ hemos exigido la
plena participación y reconocimiento legal y retributivo por las numerosas
funciones procesales que realizamos de facto y las que se avecinan como consecuencia
de las nuevas tecnologías y la pretendida plena digitalización de la Justicia.
Y en definitiva,
además de la participación en el diseño de todas las reformas, hemos exigido el
desarrollo de la carrera profesional, la modificación del régimen de
sustituciones que implique la obligación de abono completo de las
retribuciones del cuerpo al que se sustituye, el desarrollo de la
regulación de las comisiones de servicio donde aún no se ha regulado -caso
del ámbito del Ministerio de Justicia-, así como la mejora de la promoción
interna, con recuperación de la reserva del 50 % de las plazas disponibles.
Por último y aunque el Ministerio insista en que no está en sus planes y que la
situación económica es muy comprometida, hemos vuelto a exigir la
equiparación salarial, que acabe con las tremendas desigualdades existentes
y que padecen todavía algunos ámbitos y, especialmente, el gestionado por el Ministerio de
Justicia.
Si se pretende la implicación del personal en estas reformas que se
avecinan, lo primero que debe hacer el Ministerio es incentivar a los
trabajadores, algo que nunca logrará manteniendo una brecha salarial que
resulta poco menos de vergonzosa.
